ALAIC defiende el derecho a la comunicación

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INFORME ESPECIAL

Este informe especial presenta los aportes de la Asociación Latinoamericana de investigadores de la Comunicación a la resolución de tres casos: caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros, respecto de Guatemala, caso Emilio Palacio Urrutia y otros, respecto de Ecuador y Jineth Bedoya Lima y otra, respecto de Colombia, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Contexto general: 

Caso las Radios comunitarias de Indígenas Vs. Guatemala

En el año 2011 las radios comunitarias presentaron ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala una acción de inconstitucionalidad a la Ley General de Telecomunicaciones, que establece la oferta financiera como único criterio para asignar licencias, sin tener en cuenta que los pueblos carecen de recursos económicos.  El alegato alertó sobre la falta de reconocimiento legal de los medios comunitarios, la discriminación étnica y la constante criminalización a los comunicadores de los pueblos indígenas en Guatemala, pero la Corte Constitucional del Estado de Guatemala, consideró que el recurso de inconstitucionalidad no advertía ninguna vulneración al derecho de libertad de expresión.

De manera que, la Comisión Internacional de Derechos Humanos dio admisibilidad al caso y lo remitió a la Corte IDH para que declare la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la violación del derecho a la libertad de expresión y de igualdad. 

Caso del periodista Palacio Urrutia vs. Ecuador

El 16 de octubre de 2019 la CIDH presentó ante la Corte IDH el caso del periodista Emilio Palacio Urrutia, respecto de Ecuador. El caso se refiere a una condena penal de 3 años de pena privativa de libertad y una multa por 30 millones de dólares contra el periodista Palacio Urrutia y los directivos del diario El Universo, por la publicación del artículo “No a las mentiras” en el que criticó la actuación del entonces presidente Rafael Correa, durante las protestas policiales del 30 de septiembre de 2010. 

El tribunal consideró que el Estado de Ecuador violó los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, los derechos a las garantías judiciales y el principio de legalidad y retroactividad. 

Caso de la periodista Bedoya Lima vs. Colombia

El 15 de marzo de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), escuchó el caso de la periodista y activista colombiana contra la violencia de género Jineth Bedoya, quien en mayo del 2000 mientras esperaba el ingreso a la cárcel La Modelo de Bogotá para entrevistar a un supuesto líder paramilitar, en un intento por aclarar las amenazas contra varios periodistas del diario  El Espectador, fue interceptada por un grupo de paramilitares que la subieron a un vehículo, para luego torturarla y violarla. 

Cuando Elizabeth Benito, presidenta de la Corte IDH, solicitó la intervención del Estado colombiano, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Camilo Gómez, se retiró de la audiencia virtual, bajo el pretexto de que faltaban garantías procesales. 

La Corte IDH se opusó a la recusación por Colombia e instó a adoptar los mecanismos necesarios para garantizar los Derechos Humanos de la periodista. 

Aportes a las resoluciones de la CIDH 

Los documentos que redactaron con apoyo de la UNESCO y con asesoría del consultor jurídico, Rodrigo Simaldone, constituyen un “aporte para el ejercicio que apunta a la generación de un conjunto de recomendaciones sobre un tema que es prioritario y demanda actuaciones concretas y que puedan articular a la sociedad en su conjunto a partir de sus capacidades y responsabilidades en el propósito de democratizar la comunicación y asegurar el derecho a la expresión y a la vida libre de violencias” por parte de mujeres y hombres periodistas en el ejercicio de su función. 

Amicus Cuire Caso del periodista Palacio Urrutia vs. Ecuador

Para el Caso del periodista Palacio Urrutia vs. Ecuador, ALAIC ofrece “un análisis fáctico y jurídico de los hechos acaecidos en el trabajo de Emilio Palacio Urrutia, periodista y editorialista del Diario El Universo” así́ como antecedentes, un análisis sobre las violaciones a la convención americana sobre derechos humanos cometidos por el estado de Ecuador desde dos dimensiones: “individual (vinculado a los hechos asociados al periodista Palacio Urrutia) y colectiva (vinculado al derecho de la ciudadanía a la rendición de cuentas por parte de los medios de comunicación)”.

De la misma manera, el Amicus Curiae relacionado con las emisoras de los pueblos indígenas guatemaltecos: Maya Kaqchikel de Sumpango, en Sacatepéquez; Achí de San Miguel Chicaj, en Baja Verapaz; Maya Mam de Cajolá, en Quetzaltenango; y Maya de Todos Santos de Cuchumatán, en Huehuetenango, expone el contexto estructural de las radios comunitarios en Guatemala y las violaciones a la convención sobre derechos humanos cometidas por Guatemala.

Respecto al Memorando jurídico contiene 12 Recomendaciones a nivel Internacional sobre el Caso Bedoya Lima vs Colombia. “Un aporte para el ejercicio que apunta a la generación de un conjunto de recomendaciones sobre un tema que es prioritario y demanda actuaciones concretas y que puedan articular a la sociedad en su conjunto a partir de sus capacidades y responsabilidades en el propósito de democratizar la comunicación y asegurar el derecho a la expresión y a la vida libre de violencias. 

Cifras 

De acuerdo con el más reciente informe de, “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021” publicado por la ONG Reporteros Sin Fronteras, América Latina pasa por su peor momento, con relación a la libertad de prensa, clasificando a Cuba como el país con menos libertad de prensa. En seguida, se sitúa Honduras, Venezuela, México y Colombia, con más de 35 puntos, lo que significa que se encuentran en situación difícil. Los países con más de 55 puntos se consideran en situación muy grave. 

Por su parte,  la encuesta global, realizada por la UNESCO y el Centro Internacional de Periodistas, el 73 %  de las mujeres periodistas que participaron de la encuesta, experimentaron violencia en línea y recibieron amenazas de violencia física y sexual. En tanto, el 20 % de las mujeres periodistas encuestadas han sido abusadas y atacadas fuera de línea. 

Esperamos sea esta una de las primeras contribuciones que desde la Asociación podamos hacer a la Jurisprudencia y al trabajo de la Corte en la defensa de los derechos vinculados a la libertad de expresión, comunicación e información.

Clic para descargar el memorando jurídico

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